El turno de washington

Por Cuba Todo

El turno de Washington


By ALEJANDRO ARMENGOL

El gobierno de Estados Unidos debe responder con un gesto apropiado a la disposición mostrada por el régimen de La Habana de poner en libertad a los 52 presos políticos que quedan en las cárceles, de los 75 que fueron detenidos en el 2003.

La actitud de Guillermo Fariñas, al declarar que no ha habido ni vencedores ni vencidos, y que sólo ha ganado Cuba, debería servir de guía. La declaración del opositor, de que ``hay que darle un margen de credibilidad al gobierno de Cuba'' en estos momentos, debe ser considerada un consejo prudente para todos los que están empecinados en disminuir la importancia del acuerdo.

Lo más importante, sin embargo, es tener en cuenta que estamos en los inicios de un proceso largo y complejo, donde seguramente se producirán avances y retrocesos. En este contexto, Washington tiene en sus manos un amplio diapasón de opciones a poner en práctica, desde un apoyo más decidido al proyecto de ley, que contempla el permitir el turismo norteamericano a la isla y ampliar las posibilidades de ventas de productos agrícolas, hasta el propiciar el intercambio cultural y académico.

Si la Casa Blanca se mostrara dispuesta a promulgar medidas de este tipo, algunos en Miami van a disgustarse de nuevo. Resulta lamentable que a estas alturas ciertos grupos de exiliados --que por años se han aferrado a estrategias arcaicas en esta ciudad-- aún se nieguen a establecer el deslinde necesario entre las medidas económicas y las políticas, que sean incapaces de diferenciar la función del exilio y el papel de Estados Unidos como nación.

Este país no debe prohibir a ningún ciudadano --sea o no de origen cubano-- el viajar a otro país, salvo en condiciones excepcionales, que en este momento no se aplican a Cuba: una declaración de guerra o la amenaza a la vida de sus ciudadanos. Tampoco se justifica, a los ojos de los norteamericanos, que se comercie con China y Vietnam y no con Cuba.

En el mundo actual, los embargos han demostrado ser de poca utilidad, y en parte han servido para el enriquecimiento de las clases gobernantes, a las que supuestamente intentaban contribuir a derrocar. Si seguimos martillando sobre una herramienta tan poco efectiva, perdemos la oportunidad de desarrollar otros frentes, cuya eficacia aún no ha sido puesta a prueba. La astucia debe imponerse sobre la testarudez.

Desde su promulgación en 1996, la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act ha sido una legislación que nació con el pecado original de responder a una idea imperialista, la cual resulta grosera y caduca en el mundo actual.

Al pasar de ser un instrumento político del ejecutivo a un cuerpo legal, el embargo ha quedado convertido en un instrumento jurídico cuya eficacia y vigencia está no sólo expuesto a la discusión congresional, para determinar si cumple con sus funciones o no, sino sujeto a revisiones periódicas donde los legisladores se ven obligados a sopesar el valor de la legislación frente a las necesidades de sus estados y los intereses de sus contribuyentes.

Al tiempo que la Helms-Burton limita en gran medida la capacidad del presidente norteamericano de turno para levantar el embargo a la isla, no por ello el mandatario carece de medios para adoptar pasos hacia un mejoramiento de los vínculos con el gobierno de la isla. Sólo que hasta ahora las condiciones han sido muy limitadas para ello.

La Helms-Burton puso en evidencia que lo que hasta entonces era un aspecto de la política exterior norteamericana --y un instrumento para asegurarse los votos presidenciales de la comunidad cubanoamericana cada cuatro años-- constituía también un problema nacional, con implicaciones económicas para estados en que el voto cubano es inexistente, y una fuente potencial de conflictos comerciales internacionales, donde pesan más los vínculos entre países que la causa cubana. Al tratar de ampliar el alcance del embargo, la ley encontró su Némesis.

Es este aspecto de la política norteamericana, relacionada con el embargo a Cuba, el que comienza a cuestionarse en el Congreso. Hasta el momento, el gobierno del presidente Barack Obama ha mostrado cautela: prefiere que sea el poder legislativo el que realice los primeros pasos antes de avanzar un mínimo. Pero esta reserva puede convertirse en un obstáculo dentro de un proceso de negociación que cuenta con un tiempo limitado para llevarse a cabo. Demasiados factores --desde las elecciones de este año y las próximas presidenciales en Estados Unidos hasta la posibilidad de un estallido social en la isla, que no necesariamente tiene que significar un cambio democrático para el país-- conspiran para acotar las posibilidades de un cambio pausado.